El día miércoles 24 de noviembre en el Congreso argentino se presentó un proyecto de ley para investigar los fusilamientos que realizó el ejército argentino durante la represión de las huelgas de los peones de las estancias de Santa Cruz, Patagonia argentina, episodio trágico del cual en estos meses se cumplen cien años.

Este proyecto de ley busca que sean declarados crímenes de lesa humanidad las matanzas que entre noviembre de 1921 y enero de 1922 ejecutó el ejército con la complicidad del estado argentino. Matanzas que investigó Osvaldo Bayer quien las describió en el imprescindible libro titulado “Los vengadores de la Patagonia trágica”, cuatro tomos monumentales que hoy se conocen como “La Patagonia rebelde”.

Si el Congreso argentino declara como crímenes de lesa humanidad los fusilamientos y desapariciones forzadas, no sólo será un gran avance simbólico de recuperación de la memoria y búsqueda de verdad y justicia para un acontecimiento que se quiso borrar de la historia argentina. Un ocultamiento que impidió la investigación que realizó Osvaldo Bayer. Mientras en Chile, el país de origen de la mayoría de las víctimas de esos fusilamientos y desapariciones, recién se comienza a investigar el fusilamiento de obreros chilotes en aquella matanza ocurrida en la Patagonia argentina.

El proyecto presentado en el Congreso argentino propone la creación de una Comisión Bicameral Investigadora para la determinación de la Verdad Histórica; comisión que trabajará en documentos, testimonios y archivos para completar lo que hace ya casi cincuenta años inició Bayer, y que aún mantiene muchas aristas por investigar y especialmente esclarecer el destino de los restos de las víctimas. Está comprobado que la gran mayoría de las víctimas eran obreros emigrantes provenientes del archipiélago de Chiloé.

En enero de 1921 cuando ya había regresado a Buenos Aires el teniente coronel Héctor Varela, que estuvo al mando de las tropas que ejecutaron los fusilamientos, en el Congreso argentino un grupo de diputados pidió se formara una comisión investigadora pero los diputados que apoyaban el gobierno de Hipólito Irigoyen votaron en contra, y nunca se investigaron las matanzas ejecutadas por las tropas del ejército ayudadas por la policía y la guardia blanca de la Liga Patriótica Argentina. Una represión donde fueron fusilados al menos 1500 peones de estancias, aun cuando nunca se podrá conocer con certeza la cantidad de víctimas.

El inicio de la represión estuvo marcado con el fusilamiento del chilote Roberto Triviño Cárcamo en la estancia El Cifre el 12 de noviembre de 1921. El día 15 de noviembre en Corrales Viejos, en la estancia Punta Alta, cerca de la frontera, una columna de más de 150 obreros se rindió a una veintena de soldados al mando del capitán Pedro Viñas Ibarra quien ordena el fusilamiento de al menos 14 peones de estancias, todos chilotes provenientes de Chiloé o establecidos en Puerto Natales.

Los días 7 y 8 de diciembre de 1921 en la estancia La Anita, propiedad de José Menéndez se realizan fusilamientos masivos. Nunca se podrá saber el número exacto de obreros fusilados, los anarquistas afirmaron que fueron entre 250 y 150. Los estancieros, señores dueños de la tierra y la vida de aquella gente, calculaban entre 120 y 140; y otra vez la mayoría de los fusilados son chilotes, un gentilicio que en la Patagonia adquirió una racialización despectiva que se ve reflejada en la obra que escribió Osvaldo Bayer.

Los capataces, administradores de las estancias del imperio económico ovejero que en toda la Patagonia crearon los Menéndez, Braun; Iglesias, Behety, Campos y otros; fueron dueños de la vida o de la muerte de los obreros a quienes señalaron por haber sido delegados de la Sociedad Obrera, haber liderado las comisiones que recorrían los establecimientos ganaderos promoviendo la huelga o simplemente para ahorrarse los salarios adeudados o por haber montado un caballo que no era suyo, vestir ropa requisada en los almacenes de las estancias, por ser un vagabundo “tumbero” que andaba por las estancias mendigando trabajo y no tener a nadie que pudiera decir algunas palabras a su favor. Esos motivos mezquinos unidos al racismo y la xenofobia fueron la causa principal de aquella masacre de obreros chilotes en la Patagonia argentina.

El gobierno chileno envió al ejército a custodiar la frontera para apresar, y entregar a la policía argentina, a los obreros chilotes que escapaban de la matanza. Los obreros que sobrevivieron a las matanzas de Punta Alta, Rio Perro, La Leona, estancia La Anita y otros lugares permanecieron hacinados en la cárcel de Rio Gallegos soportando malos tratos y torturas sin que el cónsul chileno considerara las denuncias y peticiones que realizaban sus familiares. En Punta Arenas la Federación Obrera realizaba marchas de protestas y entregaba al Gobernador del territorio cartas con peticiones para que el gobierno de Arturo Alessandri Palma interviniera ante el gobierno argentino. Aun se espera la respuesta. Era tal el poder y la influencias de las familias propietarias de la Patagonia que el gobierno chileno movilizó a los soldados de los regimientos de Llanquihue y Ancud para fueran en el destroyer Williams a custodiar la frontera desde Balmaceda hasta más allá del Rio Baker, en la región de Aysén. Se conmemora el centenario de estas matanzas y en Argentina se realizan conmemoraciones y se promueve declararlas un crimen de lesa humanidad pero en Chile, la patria de la mayoría de los fusilados, solo existe olvido. No se promueven actividades de conmemoración y dignificación de la memoria de los obreros chilotes fusilados en la Patagonia argentina, una matanza que no tiene una fecha que la vuelva estática e inolvidable en el calendario de las conmemoraciones. Ni un lugar geográfico tuvo esta matanza, fueron varios lugares, y fue en otro país. En un territorio lejano y ajeno, y eso desestructura uno de los cánones de toda conmemoración, un espacio donde recordar el pasado. Parece que los chilotes fusilados en la Patagonia argentina están condenados a otros cien años de olvido.